Durante la tarde de este martes y desde el Congreso Nacional, los diputados de oposición confirmaron que presentarán una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera a raíz del polémico destape de los Pandora Papers.
Esta corresponde a la segunda ocasión que el mandatario deberá enfrentar. En esta nueva acusación, los parlamentarios que cuentan con el apoyo de la Democracia Cristiana lo apuntarán por infringir las normas de probidad.
Según lo consignado por radio ADN, desde el Congreso, el diputado Jorge Naranjo indicó que; «en la reunión que hemos tenido todas las bancadas de oposición, hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera».
Junto con afirmar que «los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad; que está establecido en el artículo octavo y también por comprometer gravemente el honor de la patria».
Para cerrar, Naranjo indicó sobre la acusación a Sebastián Piñera. «Nuestro ánimo y nuestro espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana. Haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente».
Sebastián Piñera en los Pandora Papers
Hay que recordar que esta fue una investigación internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que mostró un exclusivo y muy reducido grupo de personas que crean empresas en países con beneficios relacionados a la tributación.
En el caso de Chile, cuyos medios participantes fueron Ciper y LaBot, el Presidente Piñera habría contratado los servicios del despacho OMC Group, que tiene sede en Panamá y que es experto en realizar negocios en paraísos fiscales.
Específicamente se trataría de la millonaria venta por parte de la familia Piñera Morel e Inmobiliaria Duero, propiedad de Carlos Alberto Délano, ex controlador del Banco Penta; imputado por la justicia chilena por el financiamiento ilegal de la política en el marco del bullado Caso Penta; de la Minera Dominga a Andes Iron, que actualmente es la dueña mayoritaria de la minera que busca instalarse en la región de Coquimbo.